La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional ratificó por unanimidad los tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2011 y 2019 en el marco de la campaña antidrogas. El exmandatario filipino, detenido desde 2025, enfrentará un proceso completo en La Haya. sc
La Haya, 23 de abril de 2026. La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó por unanimidad todos los cargos contra Rodrigo Roa Duterte y lo remitió a juicio. Se trata del primer exjefe de Estado asiático que llega a esta fase en la historia del tribunal.
Los jueces concluyeron que existen motivos fundados para considerar responsable al ex presidente de tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad. Los hechos abarcan el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, que incluye su gestión como alcalde de Davao City y sus seis años como presidente de Filipinas.
La decisión se basa en la evidencia presentada durante las audiencias de febrero de 2026, en las que participaron la Fiscalía, la defensa y representantes de las víctimas. Los magistrados identificaron un patrón de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, orquestados desde el poder estatal y municipal. Según la acusación, Duterte impulsó, difundió e implementó una política orientada a “neutralizar” a presuntos delincuentes, que derivó en miles de ejecuciones extrajudiciales.
El caso tiene raíces en la ciudad de Davao, donde Duterte gobernó durante más de dos décadas y donde operó el controvertido Davao Death Squad. Esa estructura, según las investigaciones, sirvió de modelo para la escalada nacional tras su llegada a Malacañang en 2016. Las cifras oficiales filipinas hablan de más de 6.000 muertes en operativos antidrogas, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la estimación a decenas de miles, incluyendo ejecuciones fuera de cualquier marco legal.
Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019, pero la CPI mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de la salida efectiva del país. La Sala de Apelaciones ya había confirmado esa competencia en las semanas previas. Duterte fue detenido en Manila en marzo de 2025 y trasladado a La Haya, donde permanece bajo custodia del tribunal.
Esta confirmación de cargos marca un punto de inflexión en la relación entre Manila y la justicia penal internacional. Durante su presidencia, Duterte desafió abiertamente a la CPI, tildándola de instrumento colonial y amenazando con retirar al país del tribunal. Su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., adoptó una postura más ambigua, aunque el gobierno actual cooperó en la entrega del exmandatario.
Para las familias de las víctimas, el avance del caso representa la posibilidad de obtener respuestas oficiales sobre las circunstancias de las muertes y posibles reparaciones. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado que el proceso puede establecer un precedente sobre la responsabilidad de altos funcionarios por políticas de seguridad que derivan en violaciones masivas.
El juicio, cuya fecha de inicio aún no ha sido fijada, pondrá bajo escrutinio no solo la figura de Duterte, sino también el rol de la Policía Nacional de Filipinas y de figuras cercanas que participaron en la implementación de la campaña. La defensa ha anunciado que apelará la decisión y mantendrá la tesis de que las operaciones fueron legítimas acciones contra el narcotráfico.
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